En la Artificial Intelligence Act la Comisión Europea buscó llegar a un compromiso entre garantizar la privacidad de los ciudadanos y aplacar a los gobiernos que dicen que necesitan la tecnología para combatir el terrorismo y el crimen. Las reglas prohíben nominalmente los sistemas de identificación biométrica como el reconocimiento facial en lugares públicos para uso policial, a menos que se trate de "delitos graves", que la Comisión especificó que podrían significar casos relacionados con el terrorismo, pero que los activistas advierten que es un término vago que podría abrir la puerta para todo tipo de vigilancia basada en amenazas falsas. El proyecto de ley tampoco menciona nada sobre las corporaciones que utilizan la tecnología en lugares públicos.
En una carta abierta, 170 signatarios en 55 países argumentan que el uso de tecnologías como el reconocimiento facial en lugares públicos va en contra de los derechos humanos y las libertades civiles. La carta solicita a la ONU condenar el uso de la tecnología para la vigilancia. “Si la ONU sale y dice mañana que el reconocimiento facial es malo, puedes hablar con cualquiera en la calle y sabrán que las Naciones Unidas dijeron eso”, señaló Anushka Jain de Internet Freedom Foundation. El movimiento también quiere presionar a inversores y gigantes tecnológicos para que dejen de financiar y desarrollar tecnologías de reconocimiento facial para la vigilancia.